Ramón Zallo
http://www.euskaria.eu/news/1431242765
La relación entre la cuestión nacional y la cuestión social es un viejo debate en Euskal Herria que sigue dividiendo aguas entre todas las corrientes, incluidos los nacionalismos.
NO son temas contrapuestos puesto que responden a distintas preocupaciones. La cuestión nacional responde a la problemática de una nación sin Estado en confrontación con el modelo de Estado unitario y que remite al principio de libertad y al sujeto político como demos (ámbito y sujeto del ejercicio de la democracia). Ahí aparecen como opciones la nación española y como respuestas la reforma o la revolución democrática de construcción nacional alternativa. La cuestión social responde a la desigualdad entre clases y remite a la defensa del status quo, a la reforma o a la revolución social como modos de salida.
Sin embargo, siempre han sido temas muy relacionados. Hay protagonismo y beneficio social para la clase o grupo social que hegemonice la alternativa nacional mayoritaria o triunfante y no cabe proyecto nacional sin proyecto social (explícito o implícito) y viceversa. Combínense las respuestas anteriores y aparecerán las distintas variantes de derechas, centro e izquierdas de referencia nacional vasca o española.
CAMBIOS La temática sigue siendo actual, pero adquiere una nueva luz con los cambios ocurridos desde los años 80. Cabe apuntar algunos:
-La experiencia desde la Transición tiene la doble cualidad de desmitificar una democracia esclerotizada y de ofrecer una mirada nueva y bastante compartida sobre lo que sería calidad democrática y los modos participativos ciudadanos. En Euskal Herria, la desaparición de la lucha armada elimina un tapón objetivo y mental para encarar esa calidad, puesto que una de las vías es la construcción política de las comunidades nacionales.
-La estructura de clases en el posfordismo es más estratificada y difusa que en el pasado (va más allá del lugar de producción en economías con peso mayoritario de los servicios) y viene acompañada por el deterioro de las condiciones de vida populares. La representación social y política tiene dificultades para canalizar su diversa composición y nos remite a proyectos políticos o ideológicos estructuradores, siendo uno de ellos el soberanismo con vocación integral.
-Otros sujetos y temáticas (feminismo, ecologismo..) aunque no pueden ejercer de eje centralizador político.
-Los Estados ceden competencias por arriba (ámbito supranacional) y por abajo (comunidades), pero encaran su recentralización a costa de estas últimas y no quieren saber nada de la puesta en cuestión del modelo de Estado unitario.
INSISTENTES NACIONES SIN ESTADO Las naciones sin Estado se han hecho un hueco fijo en el marco de esos cambios a través de la continuidad de sus proyectos durante décadas y, sobre todo, por sus apoyos persistentes por vía democrática. Se trata así de sujetos nada coyunturales, respaldados por mayorías, lo que les da pie a reclamar procesos constituyentes por la doble vía de legitimación: su reconocimiento en tanto sujeto político continuado y su disposición a reclamar y a aceptar -como ciudadanía- el veredicto de unas mayorías mediante las urnas. La ciudadanía real, como sociedad política contabilizada, es el referente constituyente del sujeto nacional o, dicho de otro modo, es la comunidad como ciudadanía la que constituye al sujeto nacional por mayorías.
Pero para lograr base social han tenido que trascender el discurso identitario o épico mediante alternativas en todos los órdenes; expresando proyectos económicos y sociales integrales para hoy -y no solo para mañana- y explicando que, sea la independencia o el máximo de competencias, se formulan para vivir mejor y no a costa del bienestar o para un cielo diferido. O sea, en el punto de mira no está solo el objetivo, sino que el proceso y el hoy son tanto o más importantes.
OBJETIVOS Y PROCESOS Respecto al objetivo, dado el enroque de los Estados anfitrión que intentan, en un bucle cerrado, imponer su demos (todos los españoles o franceses deciden), el elemento de definición y de legitimación de partida de los derechos nacionales sería cada vez menos la ideología -nacionalista/no nacionalista de un tipo u otro- o el proyecto -independencia, confederación, federación, autonomía- y, cada vez más, el concepto democrático mismo sobre el demos decisorio. El sujeto comunitario -tejido por la historia- como sujeto social convertido en sujeto político es lo que da pie al soberanismo, o sea a la disposición a que decida el futuro no una minoría que hegemonice procesos sino una mayoría social de forma democrática, ya lo haga en una dirección o en otra y aceptando los resultados, como en Quèbec o Escocia. Esa remisión al principio democrático es la gran fortaleza del soberanismo ante propios y extraños (la comunidad internacional hoy tan decisiva en un mundo global).
Respecto al proceso, el tema va más allá de lo democrático. Las personas en las sociedades avanzadas somos más que una identidad nacional y una ciudadanía; tenemos una identidad cultural, estamos muy tocados por nuestro lugar social y el modelo económico, tenemos derechos sociales, queremos una buena gestión participada, pertenecemos a algún género y a alguna generación y vemos con preocupación el futuro. Ello invita al soberanismo, como punto de encuentro racional y emocional para una nación justa y solidaria, a tomar las riendas de la vida toda, por lo que no es de extrañar que haya soberanismos de distintos colores.
SOBERANISMO AVANZADO ¿De qué fuentes puede beber el soberanismo y, especialmente, el progresista? Se suele entender el derecho a decidir como forma adaptada del derecho de autodeterminación en un Estado democrático o como pura formulación democrática ad hoc para canalizar una división ciudadana nacional. Pero puede ganar en valor añadido cualitativo con principios consagrados internacionalmente que combinen los derechos humanos de primera generación (derechos políticos), de segunda generación (derechos sociales y económicos) y de tercera generación, con su fuerte componente colectivo (paz, medio ambiente, identidades y diversidad, interculturalidad, autogobierno, sostenibilidad, derechos alimentarios, bioética, movilidad, cooperación, desarrollo con vida digna). E incluso conecta con los derechos nacientes de cuarta generación, vinculados a la revolución digital y a la sociedad del conocimiento (privacidad, seguridad, derecho de acceso, commons, software y cultura libres o neutralidad de las redes).
Es así que puede hacer suyos principios como los de diversidad (consagrado por la Unesco), de democracia participativa (para la regeneración democrática de las democracias de delegación mediante redes de participación, gobernanza y fiscalización ciudadana), de autogestión (propia de la economía solidaria o del bien común), de igualdad y de capacidades (Amartya Sen/Nussbaum), de economía integral (como respuesta de una colectividad en un mundo global), de subsidiaridad (lo hace mejor el más cercano con más medios), de sociedad-red (somos interdependientes) y de visibilidad (diplomacia, paradiplomacia y nodo de red).
O sea, el soberanismo, además de una apuesta por el sujeto comunitario en claves de democracia radical, que diría Ernesto Laclau, puede ser un proyecto de desarrollo integral que, además de la soberanía política, apueste por la soberanía económica -un modelo autocentrado y equitativo en economía abierta-, por las soberanías ecológica y alimentaria, por la soberanía mediática -una opinión pública propia desde un fuerte sistema comunicativo-, por una soberanía cultural, sociolingüística y educativa y por una soberanía en sus relaciones laborales.
Aunque nadie nos ahorrará los inevitables conflictos clasistas, ese planteamiento puede ayudar a unas alianzas sociales que catalicen las preocupaciones de grandes colectivos, yendo más allá de los viveros tradicionales del nacionalismo y del que retomaría algo sustancial: el impulso solidario de las comunidades hacia su emancipación.