Mikel Sorauren, miembro de Nabarralde.
http://www.euskaria.eu/news/1425028557
El ciudadano de esta Navarra residual –provincia de Navarra o CFN– ha interiorizado su pertenencia a un territorio particular, a pesar de su condición política y administrativa española. Ubicuidad de funcionarios con boina roja en carreteras y en las oficinas forales, al igual que el diputado de la Merindad, excepcionalmente visto en las pequeñas localidades, pero de inmanente presencia en todas partes.
Para el ciudadano español la CFN constituía un territorio privilegiado. Se tenía la impresión de que aquí no se pagaban impuestos, a pesar de contar con servicios comunitarios de primer orden; sufragados, al parecer, por el sacrificio de los súbditos del Estado español, en el marco de una notoria injusticia que rompía la igualdad de la ciudadanía española. El habitante –vecino– de la CFN conocía que todo respondía a los Fueros, nebulosa esta conformada por unas competencias de autogobierno de época inmemorial y entidad imprecisa. Navarra no era el paraíso y al igual que en otras zonas, no dejaba de percibirse lo decisivo de contar con el apoyo de los poderosos. Con todo, el navarro se contemplaba peculiar, llegando en muchos casos a sorprenderse de que el interlocutor y foráneo no considerase tal particularidad.
La intelligentsia caciquil exaltaba el status foral de la provincia que salvaguardaba el bienestar y armonía sociales. Era esta una condición de la constitución del propio Estado español, inviolable frente a los cambios constitucionales. La remisión a la Ley de 16 de Agosto de 1841, como acuerdo intangible entre iguales -Navarra y el Estado-, constituía la evidencia concluyente de un pacto que venía garantizando la incardinación del antiguo Reino de Navarra y su particular administración en el marco de la nación española. En ningún caso había conciencia de que la denominada Paccionada había sido promulgada por las Cortes españolas, tras la supresión de facto del Reino de Navarra y su sistema institucional por parte de las instituciones españolas; carentes de jurisdicción en un Estado que había aceptado –sobre el papel– como rey al que lo era de Castilla. No se tuvo en cuenta igualmente que las disposiciones de la denominada paccionada se limitaban a fijar el funcionamiento de determinados órganos de una administración provincial; simple matiz de la normativa generalizada para todo el Estado en esta materia.
El proceso seguido por la CFN durante el tiempo que ha estado vigente el status jurídico implantado en el 41 puede calificarse de lamentable. Lo percibía quien escribía bajo el seudónimo de el aldeano navarro en 1873, denostando a los defensores del cambio que había permitido a España imponer al extinguido Reino exigencias a medida de los intereses españoles; sujeción a las conveniencias mercantiles españoles, con ruptura de la relación natural, histórica e idónea con el norte del Pirineo, obligación para los hombres de integrar el ejército colonial español y sometimiento a las exigencias socio-económicas de España. A cambio se sustituían todas las instituciones propias en las que primaba el control de la colectividad sobre recursos y decisiones por otras dejadas en manos del grupo social de los ciudadanos privilegiados, a quienes España puso al frente de la administración de fondos y recursos colectivos navarros de modo excluyente. Los españoles toleraron mal las -desde su punto de vista- dejaciones hechas por su Estado. Como salida coyuntural, esperaban recuperar lentamente unas competencias que no dejaban de ser concesión por oportunidad política. Gamazo lo tenía claro; abordó con decisión la recuperación del control de la hacienda de la provincia de Navarra, facultando al Estado la imposición de tributos, sin consulta, ni acuerdo con la Diputación provincial que defendía era esta una materia de su exclusiva. Es conocida la reacción que suscitó en la sociedad de esta provincia y demás territorios de la nación navarra. La Gamazada, nombre con que se denomina el acontecimiento, ocupó lugar relevante en el posterior imaginario navarrista, hasta el punto de que los defensores del status actual de la CFN acostumbran a recurrir a él como amenaza en sus desacuerdos puntuales con los representantes del Gobierno español.
Los actuales gestores de la administración autonómica –UPN o PSN– no persiguen asustar a sus amigos de Madrid; pretenden únicamente ocultar su indolencia frente a España ante sus seguidores locales. La contundencia con que la fiscalidad española ha cubierto los recursos de la CFN puede suscitar la carcajada en los gestores españoles. Impuestos sobre el combustible, de lujo y otros que no aparecen en los balances contables de la CFN, modificaciones abusivas del denominado cupo; cantidad que debe pagar directamente la administración foral a la Hacienda del Estado español, en concepto de gastos comunes con España; a saber: ejército, policía, diplomacia y un largo etcétera de presuntos servicios de utilidad cuestionable desde el punto de vista de los navarros. A todo ello se añade las modificaciones en los criterios que integran la recaudación fiscal, con peculiaridades que establecen la recaudación en el territorio de la Hacienda estatal lo que se produce de manera directa en la C.F.N., como ha sucedido con el iva de la VW.
Si en los tiempos del extinguido Reino las relaciones con la Administración española se caracterizaron por el conflicto, a partir de 1841 hubo que contar con la imposición y la amenaza, porque España no aceptaba la ruptura de la unidad nacional, representada por las haciendas forales: Espartero, Gamazo, el huevo y el fuero de Calvo Sotelo y los falangistas de Franco. Con la monarquía de 1975 toda la cohorte de guerras y sus barones solidarios, hasta la Rosita la pastelera y su ridículo UP y D. Patéticos los esfuerzos de quienes claman viva Navarra foral y española y desvergüenza la de partidos que afirman defender la foralidad ¡Auténticos sicofantes que vigilan la muga de la CAV, con la finalidad confesada de impedir la intromisión “vasca”, en tanto permiten que sean las instituciones españolas -Gobierno, Tribunal Supremo, etc.- quienes decidan lo que es la virginidad del Fuero! No obedece sino al propósito de ocultar su connivencia con la predadora España y el beneficio concedido a los colaboracionistas.
A todo lo largo del periodo que se inicia en 1841 el deterioro de una concesión precaria y la frustración de nuestra sociedad; frustración no compensada por la gestión de una parte mínima de los recursos navarros, cuando han estado al frente de ellos administradores honestos. ¡Claro! En el país de los ciegos… Escaso consuelo. A partir de Franco, quien dejó Navarra en manos de la casta caciquil que considera la CFN la finca familiar, la farsa del “Amejoramiento” constituye la readaptación del sistema instaurado con la Dictadura. Se premió a los caciques con la carta blanca, por impedir la configuración de una Comunidad autónoma vasca potente, al igual que Franco por poner la CFN en su bando. En cualquier caso los intereses caciquiles eran complementarios de los españoles. Desde la sustitución del dictador por la monarquía los españoles y la oligarquía de la CFN han considerado objetivo estratégico mantener maniatados a los soberanistas de la Navarra oriental, buscando impedir el inicio de un proceso que pueda llevar a la nación navarra a la independencia.
El mantenimiento del actual statu quo permitirá a España el control de los recursos del territorio y a los sedicentes navarristas –denominación que agrupa al caciquismo de la CFN y seguidores– manipular la administración foral en beneficio de sus intereses. Es una realidad que ha hecho patente la presente situación de crisis. Más allá de la misma corrupción –inequívoco rasgo de la cultura socio-política española– resulta de obligada consideración el conjunto de actuaciones de índole económica y cultural. La casta dirigente navarra se ha limitado a aceptar modelos ajustados a las imposiciones del Estado y de colaboración con la oligarquía española. La supeditación de los recursos naturales –hidráulicos– a las necesidades de planificación e incardinación en los sistemas de infraestructura –ferrocarril– que potencien territorios foráneos, junto a la marginación de nuestro territorio, es clamorosa. En toda esta política han sido propiciadas igualmente actuaciones irresponsables desde el punto de vista de la eficiencia económica, mediante la connivencia con los grandes grupos empresariales españoles. El resultado ha sido la esquilmación de los recursos de la Hacienda Navarra en perjuicio de planteamientos económicos de mayor interés social y democráticos. En cada uno de los grandes proyectos planteados por los responsables de la administración se han tomado decisiones que contribuyen a la destrucción y desaparición de sistemas productivos de calidad; estos últimos bases privilegiadas para un posterior desarrollo de la agricultura, industria y cultura propios, despilfarrando igualmente recursos y fondos financieros en beneficio de grupos de presión e intereses foráneos. Cabe mencionar como muestra de ilustración los peajes en la sombra, embalses y canales, desaparición de la CAN, instrumento insustituible para la financiación de nuestra economía; todo ello sin mencionar el reconocimiento expreso por las formaciones políticas de la CFN, a raíz del conflicto del Iva de la WV, de la capacidad del Estado español sobre los recursos fiscales propios. ¡Si Gamazo levantara la cabeza! Todo con el abandono de inversiones de índole social y económica que en la presente situación de crisis generalizada permitirían abordar en mejores condiciones las cuestiones problemáticas y garantizar el futuro con mejores horizontes que al presente.
La trayectoria de la CFN ha alcanzado un punto de no retorno que la llevará a hundirse en la confusión de España, como resultado del desmantelamiento progresivo del status de 1841 por las dentelladas que el Estado ha proporcionado al sistema de competencias originarias. Es obligado añadir la actuación de la oligarquía autóctona, complementada por la gestión de la administración autónoma en el marco del sistema de corrupción español. Estos hechos se evidencian en la actual fase aguda de la crisis, en las iniciativas y decisiones de planificación descabelladas, los desfalcos de los recursos de la Hacienda foral y el empecinamiento de los grupos de poder por mantener al margen de los asuntos de interés público al conjunto de elementos sociales contrarios al status jurídico vigente. A decir verdad, da la impresión de que la situación se ha ido de las manos de los oligarcas, grupo que cuenta con el agotamiento del sistema. En todo caso la perspectiva es preocupante. España parece abocada a su destrucción, por la incapacidad que ha mostrado de reconvertirse en un imperio productivo y se manifiesta agresiva frente a las opciones nacionales que los españoles consideran la desintegración de su proyecto nacional. La sociedad de nuestra CFN integra importantes sectores que se resisten al proyecto soberanista, en tanto desde España crece el clamor de que se acabe con las peculiaridades de la autonomía en materia de Hacienda y fisco. Es momento delicado, al margen de que se vislumbra cada vez con mayor intensidad un horizonte de libertad y soberanía. No es posible en ningún caso obviar la posibilidad de que se malogren las esperanzas del insoslayable cambio. El momento presente ofrece la oportunidad de desplazar a los mentores y gestores del sistema. La crisis no derivará por ella sola en el cambio. Parece que no hay coincidencia generalizada en las líneas que el tal cambio debiera seguir. Al margen de las divergencias al respecto, debemos contar con los medios del propio sistema como factor limitador de nuestras posibilidades. El hecho de mayor gravedad es la posibilidad del fracaso por la adopción de planteamientos inadecuados. El descoyuntamiento de la administración de la C.F.N. propiciado por la dirigencia actual, podría dejarnos en un estado de postración insuperable.