Txema Landa
Los movimientos independentistas, y sus formulaciones ideológicas, son perseguidas por todos los poderes del estado, esto es por el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Mientras, los movimientos dependentistas o unionistas gozan de la protección de esos mismos poderes.
Esa persecución no es una cuestión retórica, los movimientos independentistas vasco y catalán ha sido espiados, procesados y condenados en sucesivas ocasiones, por el mero hecho de aspirar a ser una nación no dependiente y en otros casos por tratar de reconstruir un partido que represente a una tendencia ideológica repetidamente ilegalizada.
Se han cerrado periódicos por su línea editorial, tratando de incriminarlos en actividades que finalmente, hasta los tribunales del propio estado, ha reconocido que no existían.
Se han encarcelado a personas relacionadas con actividades y movimientos de recuperación de la lengua, Se ha detenido torturado y encarcelado a personas relacionándolas con actividades violentas, que posteriormente han quedado en nada, pero después de ser torturadas.
Se ha tratado de detener a un gobierno al completo, solo la salida al exilio de algunas de las personas que lo formaban, les libró de un proceso judicial que terminó con largas penas de cárcel y largas penas de inhabilitación, por propiciar un referéndum sobre un futuro dependiente o independiente para su país
Mientras la financiación pública de los movimientos, entidades y actividades independentistas se consideran malversación de fondos, la de los movimientos dependentistas o unionistas se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que provienen de los impuestos que pagan independentista y dependentistas. Además de las ingentes cantidades proveniente de los Fondos Reservados.
En los últimos tiempos se han descubierto operaciones encubiertas de agentes del CNP en el que la violencia sexual y las violaciones de personas relacionadas con los movimientos sociales cercanos al independentismo, han sido promovidas por el Ministerio del Interior. Se ha enviado a agentes encubiertos que para infiltrarse en algunos movimientos, totalmente legales, que con el fin de obtener información sometían a militantes a relaciones sexuales con personas que habían inventado una identidad falsa, con lo que el consentimiento quedaba viciado por el engaño.
Un país en que determinados posicionamientos políticos son considerados ilícitos mientras los contrarios están protegidos por la ley y por las instituciones evidentemente no es democrático.