Iñaki Egaña
El relato de la Transición es intocable, eso es más o menos lo que nos han venido a decir quienes apoyaron al esbirro paramés (Martín Villa nació en el Páramo leonés), antes de su comparecencia ante la jueza argentina María Servini. Un soporte con evidentes intenciones de influir en la decisión final de la magistrada, acostumbrados en Madrid a ejercer política a través de los jueces.
El propio imputado se defendió con varias perlas que demuestran la impunidad de la que goza el franquismo y, por extensión, los franquistas. La de que no hubo genocidio fue la que destacaron los medios. ¿Dónde está el límite para diferenciar entre redada, saqueo, razia y genocidio? ¿Saben que el régimen en el que el paramés se hizo mayor asesinó entre 1936 y 1937 al 7% de quienes habían votado en Nafarroa al Frente Popular o al PNV o lo que es lo mismo, al 1% de la población navarra de entonces?
La segunda de las razones de su defensa, filtrada por el periodista Juan José Millás, es que cuando la Policía detuvo a Santiago Carrillo, entonces secretario general del clandestino Partido Comunista, Martín Villa llamó a los agentes para que no lo torturaran. Es decir que la tortura era la columna vertebral del interrogatorio en comisarías y cuarteles y únicamente desaparecía cuando había alguna directriz concreta del ministro. La excepcionalidad era tal que se elevaba a información como en el conocido caso del hombre que muerde al perro. Así la no-tortura es la noticia.
El esbirro paramés tuvo diversos cargos en la élite de la administración, antes de la muerte del dictador. Luego fue ministro de Relaciones Sindicales para, más adelante, ser nombrado de Interior, entonces Gobernación, en julio de 1976. Estuvo en el cargo hasta abril de 1979. Luego fue ministro de Administración Territorial y vicepresidente del Gobierno, antes de ser recompensado con consejos de administración bien lucrativos.
En la Euskal Herria peninsular ejerció de virrey, más que de ministro, amenazando con la intervención del Ejército en los sucesos de los Sanfermines de 1978, anunciando con antelación el atentado que acabaría con la muerte de Argala o llevando a términos futbolísticos un enfrentamiento entre la policía y militantes de ETA: “Vamos ganados 2 a 1”. Antes del virreinato, Martín Villa era gobernador civil de Barcelona. Bajo su égida voluntarios ejecutaron a Txiki en Cerdanyola. Su familia ni siquiera pudo recoger el cadáver para trasladarlo a Zarautz. Tendría que haber cambios en la gobernación de Barcelona para que finalmente los restos de Juan Paredes pudieran recibir sepultura en tierra vasca.
Durante el mandato del paramés en Interior, 310 hombres y mujeres vascos detenidos denunciaron torturas. No tuvieron la suerte de Carrillo. En los 33 meses de su gestión se produjeron 1.100 detenciones por razones políticas. Siguiendo las conclusiones del Gobierno vasco en el trabajo sobre la Tortura dirigido por Paco Etxeberria que inducen a asumir que de cada cuatro detenidos en situaciones excepcionales (estado excepción, ley antiterrorista) tres sufrieron malos tratos, la responsabilidad de Martín Villa es ingente.
Martín Villa fue nombrado ministro de Gobernación un 5 de julio. Cuatro días después, agentes (para)policiales mataban a Normi Mentxaka en Santurtzi. A fin de ese mes, otro grupo policial secuestraba y ejecutaba a Pertur. En setiembre a Josu Zabala en Hondarribia. Una decena de muertos por las fuerzas policiales en las tres semanas “pro Amnistía” de 1977. En 1978 otros tantos en controles policiales, en manifestaciones: German Rodríguez, Joseba Barandiaran… Incluso los mercenarios cruzaron la muga para matar a Juanjo Etxabe, que estaba haciendo de intermediario con Martin Villa en conversaciones con ETA. Quedó malherido y murió su compañera, Agurtzane Arregi. Unos meses más tarde, el atentado contra José Miguel Beñaran.
En su periodo de Interior, y al margen de la actividad policial, grupos paramilitares, identificados con nombres diversos, BVE (Batallón Vasco Español), AAA (Alianza Apostólica Anticomunista), ATE (Antiterrorismo ETA) o ANE (Acción Nacional Española), realizaron 205 atentados contra personas y propiedades. Conocida es la impunidad de los mismos. Cero detenidos. Con el agravante actual que los damnificados de su gestión ven negadas su condición de víctimas. Martín Villa milita en la actualidad en el PP. Y bien que conocemos su boicot sistemático a la consideración de víctimas a torturados y muertos por fuerzas policiales o paramilitares.
El implacable Martín Villa movió los hilos también para que el relato de 2020 tenga las matrices que tiene. A partir de 1977, los responsables franquistas del ministerio de Gobernación destacaron varios equipos en los archivos represivos que, durante meses, peinaron cientos de miles de documentos. Quienes rastreamos la historia nos hemos topado con miles de ausencias. Para que luego nos digan que lo que no tiene soporte documental no existe. Es cierto. Martín Villa lo mandó a la hoguera. Dicen que hasta dos millones de fichas de víctimas y también de verdugos.
La política penitenciaria de Martín Villa nos dejó los ecos de un método vengador. Lo dijo en su mandato: “La peculiaridad de ETA exige por razones de Estado una represión constante contra la organización, represión que debe ejercitarse dentro y fuera de las cárceles”. Hasta hoy, con 51 muertos por la política penitenciaria, el último Igor González Sola, más de 40 años después que el esbirro paramés lo anunciara. Orwell la clavó.