Pedro Esarte Muniain
http://www.euskaria.eu/news/1496642647
El Gobierno del Estado tiene las manos libres para el análisis interpretativo de cualquier Pacto y goza todas las jurisdicciones legislativas, mientras Navarra carece de facultades para ejercer otras posiciones.
En la actualidad, Navarra carece de facultad alguna para debatir en igualdad de condiciones con el Gobierno español, puesto que la Constitución deja meridianamente claro cuál es el lugar que nos corresponde. Así lo expone Simón Acosta, presidente de la Junta Arbitral Estado-CCAA: “Por encima de la Constitución no hay nada. Todos los poderes derivan de la Constitución, no hay poderes originarios o soberanos (…)”. “Navarra tiene el poder que le da la Constitución y ni un milímetro más”.
El Gobierno del Estado tiene las manos libres para el análisis interpretativo de cualquier Pacto y goza todas las jurisdicciones legislativas, mientras Navarra carece de facultades para ejercer otras posiciones.
Navarra queda sometida, además de a la Constitución, a los partidos de los gobiernos centrales e incluso a los acuerdos entre ellos, sometidos a las necesidades del gobierno de Madrid, por encima de los intereses navarros. Que, por ejemplo, se someta el llamado Pacto a adelantos económicos de la provincia -sí, la provincia- al Estado durante años (como ocurre con el tren y que además acumula obligaciones), es ya vejatorio.
Que los “pactos, convenios, conciertos…” puedan depender de las necesidades del Gobierno central o de la voluntad de los partidos resulta obsceno, cuando Navarra carece de cauces, siquiera, para demandar jurídicamente sus deudas al Estado. Es decir, se alaba una falsa e inexistente relación entre iguales, mientras se posterga el derecho real. ¿Pactos de igual a igual? En absoluto, simplemente una representación, mientras recurren a interpretaciones interesadas en base a la llamada “solidaridad”, y sin que exista una mesa de paridad. Siempre pendientes del cumplimiento del Pacto por el gobierno central en función de las necesidades del momento o a la espera de una reparación posterior.
Aunque las administraciones forales tienen más descentralización administrativa, no hay apenas diferencia con las CCAA, pues basta ver que la Constitución española no concede ninguna facultad ni derecho propio a Navarra, que no esté debajo de ella, como las demás CCAA.
El Estado tiene el monopolio de potestades de la Constitución para emitir las leyes, interpretarlas, hacerlas cumplir y sancionarlas y para organizar los estamentos jurídicos necesarios para la aplicación de la “justicia”. Dar valor jurídico como entre iguales entre una CCAA y el Gobierno es vanagloriar la ignorancia, pues el Pacto carece de la equidad propia del acuerdo jurídico entre iguales. La bilateralidad con el gobierno de Madrid no existe, pues este posee en exclusiva las herramientas, el modo de usarlas y el momento de aplicarlas.
Actualmente, el gobierno central tiene recurridos una veintena de acuerdos parlamentarios de Navarra, manteniéndolos pendientes… Hay una deuda del Estado sobre el tendido ferroviario, que pretenden poner en marcha por el mismo sistema de adelantar Navarra los costes, con el impacto negativo en nuestra economía, especialmente en los servicios sociales… La renovación del Convenio lleva dos años de retraso, sin que ello haya impedido al Estado aplicar diferentes medidas a su conveniencia, incumpliendo su propia normativa, como la reducción de un 25 % de la inversión en Navarra.
Concretamente, la política del Estado sobre la Administración de Navarra se apoya en la Constitución, que otorga la totalidad de potestades al Gobierno español en exclusiva sobre tratados exteriores, prioridades en todos los aspectos, distribución territorial, economía interna y externa, facultades sociales, guerra (con un aumento el presente año de un 35%), objetivos políticos, sociales y culturales entre diferentes naciones y debatibles ante la entidad superior de Europa, llevando la representación de Navarra sin compromiso alguno con esta.
Las diferencias de intereses que se negocian en Europa son tan diversas como la explotación de mares y cupos de pesca de diferentes regiones, la horticultura, industria, ganadería, comercio, etcétera. ¿Cómo contrastar la equidistancia y el equilibrio de intereses diferentes dentro de un Estado donde Navarra ya está prestando un campo de tiro (Bardenas) para una organización militar, Coalición Occidental para sus agresiones actuales (OTAN), de la que solo conocemos datos por la prensa y España colabora con la Defensa en países extranjeros?
Las instituciones innecesarias del Estado español pugnan ante planteamientos lógicos, económicos, políticos y hasta de guerra y paz. Así, la monarquía mantiene la presidencia del Consejo de Estado, el cargo en jefe de general del ejército español, inviolabilidad de actos, raigambre familiar…
Y mientras cualquier militar podría dar un golpe de Estado y ampararse en obediencia al rey, el Gobierno central impone su legislación propia y constitucional, el nombramiento de fiscales, las disposiciones sobre leyes, medallas, amnistías, jueces, delegados del Gobierno en nombramientos, destinos, direcciones, ceses, cambios en todas las CCAA para mantener la lógica del Estado.
El Senado constituye duplicidad institucional, de funciones, de contabilidades, de 2ª Cámara, innecesarias para Navarra en una independencia política. Perjuicios que se repiten y multiplican con la corrupción (más factible en gobiernos mayores y más alejados), responsabilidad en negocios, contrataciones en nuestro nombre y toda clase de apaños en cuestiones económicas, industriales, políticas, Derechos, etcétera.
En suma, una legislación que propugna las encuestas oficiales y prohíbe las consultas ciudadanas. ¿Control jerárquico en nuestro nombre? A ello se añade el dominio territorial, policial de tropas, prevenciones jurídicas, penas, cumplimientos, calificación de víctimas, conmutaciones de sentencias, etcétera. Con la discrecionalidad necesaria según el territorio del Estado del que se trate y la filiación política de los aludidos en cada causa. Pruebas de discriminación más allá de la corrección debida a un Estado de Derecho.
Y la negociación para pactar sobre todo ello ¿para cuándo? El interés de los navarros va mucho más allá del ridículo apócrifo que citaba Ollarra, “Navarra siempre p´adelante”.