Txema Landa
Si por ejemplo, como consecuencia de una declaración, bajo tortura, se obtiene información para hacer un registro, es invalidado el propio registro y todo lo que en él se hubiera encontrado y lo que de él se pudiera derivar.
La mayor parte de los partidos, sindicatos y organizaciones sociales alineadas con el unionísmo y no solo las que así se alinean, tienen abierta una batalla para dar por bueno un determinado relato de lo ocurrido en Euskal Herria en torno a la violencia, que ellos pretenden sea exclusivamente la que una de las partes ha practicado en estas tierras. Lo mismo ocurre con la mayor parte de las instituciones, con algunas matizaciones.
Se refiere, este relato, de forma reiteratíva a hechos juzgados en distintos tribunales, pero con especial incidencia en la Audiencia Nacional Española, de cuyo carácter colonial pocas dudas quedan.
Mantienen sin ningún genero de dudas que lo juzgado y condenado es la verdad, ni siquiera tienen la prudencia de referirse a ello como la verdad jurídica. Llegan a calificar de forma machacona de terroristas incluso a personas, algunas de ellas víctimas a su vez, que ni siquiera han sido juzgadas y sitúan así en un “totum revolutum” a todo lo que se mueve entorno al la izquierda independentista vasca.
Pero, siempre hay un pero, el problema empieza cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo , empieza a condenar al Reino de España y por lo tanto a desacreditar a distintos Órganos Judiciales, por no haber investigado debidamente
las denuncias por tortura, continua con un informe del Instituto Vasco de Criminología en el que se afirma que de entre las denuncias estudiadas, cerca de 5.000 son ciertas y prosigue con reacciones de Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ordenando revisar casos de torturas que no habían sido investigadas por los jueces y magistrados de la AN, llegando a anular sentencias.
Estos acontecimientos ponen de relevancia que en un más que altísimo porcentaje de las condenas se han basado en confesiones, declaraciones, pruebas e implicaciones obtenidas de personas sometidas a tortura, lo que en los países democráticos invalida todo el procedimiento, incluidas las pruebas declaraciones y confesiones contaminadas por la tortura.
Para que se entienda lo anterior, si como consecuencia de una declaración, bajo tortura, se obtiene información para hacer un registro, es invalidado el propio registro y todo lo que en él se hubiera encontrado y lo que de él se pudiera derivar.
Como conclusión debemos entender que si el corpus principal del relato está basado en lo acontecido y juzgado en la Audiencia Nacional ante estos abrumadores casos de tortura el mismo relato queda emborronado, cuando menos, si no invalidado en su mayor parte.
Muchas de las personas que en ese relato son condenadas a penas, que ni siquiera los jueces impusieron, podrían pasar a ser inocentes y debieran ser rehabilitadas, restituidas, compensadas y tratadas como tales.