Ainara Esteban, Andoni Txasko, Josu Ibargutxi y Julia Monje en nombre de Egiari Zor, Martxoak 3, Intxorta 1937 y Goldatu
Hace ahora un año que los cuatro grupos abajo firmantes comparecíamos en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para exponer nuestras aportaciones al Proyecto del Instituto de la Memoria. Nuestra primera y fundamental sugerencia fue que dicho Instituto se construyera tomando como referencia la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Ese debería ser, en nuestra opinión, el horizonte interpretativo sobre el que debiera pivotar el proyecto al objeto de rescatar de la memoria colectiva las trágicas vulneraciones padecidas por ciudadanos y ciudadanas vascas como consecuencia de la violencia practicada sistemáticamente durante largas décadas.
Estimábamos que el instituto debía ser una herramienta a disposición de toda la sociedad y para toda ella. Somos conscientes, expresábamos, de la dificultad que entraña establecer la verdad de algunos hechos y el contexto en el que se produjeron. Y continuábamos: sabiendo que es distinto cómo vive o cómo recuerda un hecho objetivo quien lo sufre, quien lo provoca o quien lo conoce por la prensa, creemos que la memoria sobre un hecho concreto deberá recogerse como un mosaico a completar con las distintas vivencias personales y colectivas, todas ellas inherentes al propósito de conocer fielmente y en profundidad lo ocurrido. En ese sentido planteamos denominar al proyecto «Instituto de las Memorias».
Confiábamos en que a través del Instituto se contemplaran todas y cada una de las vulneraciones de derechos humanos producidas por las diferentes expresiones violentas dadas sin excepción y que sería, además, un órgano de conocimiento y divulgación de todos los sufrimientos ocurridos como consecuencia de las mismas. En la recuperación de la memoria, invitábamos a contemplar un punto de vista de género que permitiera recuperar las memorias femeninas, incluyéndolas en la memoria social y colectiva, para que estas pasaran a formar parte de una historia común, igualatoria e inclusiva.
La historia carcelaria franquista, los Tribunales Militares y el TOP y sus sentencias, deberían ser objeto, así mismo, de examen por parte del Instituto, pues los fallos de los juicios militares sumarísimos y los del TOP, llevaron a miles de hombres y mujeres a las cárceles durante ese régimen.
Agradecíamos que el año de arranque para el análisis de la Memoria Histórica no fuera 1960, como en anteriores decretos, sino 1936, acogiendo con ello a las víctimas del franquismo en toda su trayectoria: Rebelión Militar, Guerra inicial, Dictadura y Transición. Omitir el periodo entre 1936 y 1960 hubiera sido muy grave al no poner en contexto el origen del conflicto, aunque lamentablemente, y esto lo decimos hoy, la fecha de 1960 sigue siendo referente en otros casos, como por ejemplo en la elaboración de los mapas de la memoria, excluyendo de esa forma a multitud de víctimas de ese periodo.
En nuestra intervención aplaudimos la inclusión de la tortura, por ser una de las lacras y herencias más nefastas del franquismo que aún perdura, y criticamos el lenguaje empleado por aplicar el término terrorismo solo a las acciones violentas de grupos armados y no a las actuaciones en el mismo sentido dadas desde el Estado, en cuyo caso se denominan «contraterrorismos ilícitos». También se difumina el Terrorismo de Estado bajo eufemismos como «abusos o excesos policiales», minimizando así su gravedad. La realidad era y es el uso de una terminología diferente en función del origen de la violencia, lo cual favorece que a las víctimas se les apliquen leyes o normas de reconocimiento de distinto rango. Para unas, homenajes, indemnizaciones cuantiosas, beneficios fiscales, ayudas a vivienda y estudio, acceso al trabajo, atención sicológica…, y para otras, en el mejor de los casos y de ser reconocidas, se limitan a la concesión de una indemnización muy inferior a las anteriores.
El Instituto de la Memoria debe servir para sentar las bases y propiciar un clima de paz y convivencia en el que todas y todos nos sintamos cómodos. Así, sugeríamos que debería atender a: Investigar sobre la verdad y difundirla; Recuperar los restos de desaparecidos; Promover iniciativas ante el Gobierno o Parlamento Vasco, de reconocimiento a víctimas excluidas actualmente; Asesorar e informar de los derechos que asisten a las víctimas; impulsar una paz justa en la que todas las personas tengan los mismos derechos y puedan recordar a sus seres queridos y lo que les sucedió; formar a las nuevas generaciones, que no han conocido esta realidad y educarlas en derechos humanos; ser un lugar de encuentro social, donde además de preservar la memoria, se puedan realizar eventos de todo tipo en torno a derechos humanos, memoria, convivencia, reconocimiento, justicia, reparación y paz.
Considerábamos muy importante también la aportación y participación, tanto en el diseño como en la posterior gestión del Instituto, del movimiento memorialista, así como de quienes trabajan directamente con víctimas de vulneraciones de derechos humanos; por el rico aporte que representan, por su disposición a participar y por ser en definitiva, sujetos sociales, protagonistas de su propia historia. Creemos que se debe dejar una puerta abierta para que estos movimientos entren a formar parte de la gestión y desarrollo del mismo. Entendíamos que estamos llamados a interactuar con este Instituto, a complementar sus iniciativas, a participar conjuntamente y esperábamos que pudiera ser en términos constructivos y enriquecedores para todos y todas.
Pero muy a nuestro pesar, llevamos un año solicitando participar en comisiones de trabajo en la Propuesta de Prioridades 2015-16 en materia de Memoria Histórica, promovida directamente por el Gobierno Vasco y que en buena parte ha pasado a desarrollarse desde el Instituto. Somos víctimas o familiares de estas y tenemos mucho que decir sobre fusilados, desaparecidos, represaliados de todo tipo, sobre la ubicación de Columbarios, sobre la cárcel y la tortura, sobre la educación en las aulas. Para nuestra sorpresa, todavía seguimos esperando la reunión que nos prometió la responsable de la Dirección de Derechos Humanos por encargo del lehendakari, para tratar de las citadas «prioridades».
En nuestra comparecencia y a modo de reflexión final estimábamos firmemente que para la creación del Instituto, la memoria no podía ni debía supeditarse a intereses políticos ni ideológicos que pudieran insinuar un relato interesado de lo ocurrido. Es obligado conocer y contar todo lo sucedido de forma fehaciente para que la historia lo recoja con la suficiente objetividad y rigor. Desde la libertad que a cada cual se le supone y una vez expresadas y conocidas las diferentes realidades, la sociedad contará con los elementos objetivos y las herramientas necesarias para ser quien elabore su particular itinerario y saque sus propias conclusiones.
Mañana es el Día de la Memoria y se inaugura el Instituto. Agradecemos la invitación recibida pero, sin querer pecar de irrespetuosos, hemos decidido no asistir pues, aun siendo un paso positivo, nos genera muchas dudas tras las primeras actuaciones anteriormente citadas. Tenemos que entendernos y hoy volvemos a reiterar nuestro ofrecimiento para trabajar conjuntamente. Si somos capaces de que el Instituto satisfaga por igual a todas las víctimas y las contemple únicamente en base a vulneraciones de derechos humanos, entre ellos el más fundamental como es el derecho a la vida, y no atendiendo a otros criterios más discutibles, habremos dado un paso muy importante de cara a la normalización y la convivencia.